Autoras: Gabriela Camacho, Claudia Vera,
Alonso Arévalo y Carmen Serrano
La semana pasada, Rosemary Pioc, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún volvió a denunciar 3 casos de violación sexual hacia menores awajún en un colegio de la provincia de Condorcanqui, Amazonas. Al no encontrar respuesta de atención y protección sobre su denuncia, las menores intentaron cometer suicidio. Dos de ellas fueron atendidas a tiempo, pero, lamentablemente, la tercera falleció.
El escaso seguimiento y acompañamiento médico-legal hacia las víctimas provocó que, tras sufrir las agresiones sexuales, vieran el suicidio como su única salida. La niña awajún que, lastimosamente, llegó a consumar el acto, incluso fue agredida sexualmente, por segunda vez, frente de sus familiares luego de denunciar a su agresor.
A pesar de la gravedad del caso, el alcalde de Condorcanqui, Hermógenes Lozano, afirmó que no posee información sobre el abuso a la menor awajún y que ha solicitado detalles a la Fiscalía, la UGEL de Condorcanqui y los subprefectos de Cenepa, Santiago y Nieva. Sin embargo, según su versión, ninguna de estas entidades cuenta con información al respecto.
Resulta preocupante que autoridades de Condorcanqui no tengan registro de estos hechos. Aunque Lozano no descarta que haya ocurrido, sostuvo que el municipio no dispone del presupuesto necesario para atender ni prevenir este tipo de casos. La falta de respuestas por parte de las instituciones deja en evidencia las deficiencias en la protección de menores en la región.
Estos preocupantes atentados contra los derechos humanos y la integridad de niñas, niños y adolescentes de la Amazonía tienen varios antecedentes. Hace 8 meses, Pioc denunció más de 500 casos de violación sexual que se venían cometiendo desde el 2010 ante la UGEL Condorcanqui. La Defensoría del Pueblo indicó en el documento “La actuación del Estado frente a la violencia sexual contra la niñez y adolescencia indígena Awajún en la provincia de Condorcanqui” que, de las 524 denuncias, se estima que un 64% no ha sido atendido correctamente ni desde el lado administrativo, ni desde el legal. Además, 469 maestros implicados en los casos se encuentran en libertad debido a que las denuncias prescribieron y solo una quinta parte han sido sancionados.
De acuerdo con la lideresa Pioc, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el Ministerio de Educación no garantizaron atención inmediata a las víctimas a pesar de ser las entidades responsables de este proceso clave para las jóvenes afectadas. Incluso, representantes de ambas entidades han revictimizado a las víctimas abiertamente el año pasado. El ministro Morgan Quero declaró que estos delitos son “prácticas culturales” y la, ahora, exministra de la mujer, Ángela Hernández, respaldó las palabras de Quero además de sugerir a las adolescentes “postergar sus relaciones sexuales”.
Ana Lopez, directora de servicios educativos en el ámbito rural del Ministerio de Educación, mencionó en , respecto a las denuncias administrativas hacia los agresores que han vencido (37%), que esta situación se debe a diversas limitaciones económicas, de personal y logísticas en todo el sistema educativo en la zona:
“Las zonas son muy lejanas y tienen poco personal. Si sale personal de la UGEL, te quedas sin nadie. En la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios solamente había una persona. Otro factor limitante es el presupuesto. Para desplazarse a las zonas, se debe navegar en chalupas por el río por varias horas. Esto implica un costo con el que no se cuenta. Ahora, también hemos podido detectar temas de corrupción” (Entrevista en RPP, Ana López ,junio de 2024).
Además, la manera en cómo se está abordando la situación de las niñas, niños y adolescentes agredidos es precaria e insensible. En muchos casos, las víctimas siguen conviviendo con su agresor, ya sea por circundar los mismos espacios, como el colegio, o por vivir en la misma comunidad. Uno de los casos denunciados más preocupantes señala a un docente que agredió sexualmente a 12 niñas de una misma institución escolar, donde muchas de las víctimas posiblemente habrían sido contagiadas de VIH.
Es inconmensurable la gravedad de las consecuencias en el desarrollo físico y psicológico de las víctimas de agresión sexual de las comunidades Awajún. En el ámbito emocional, la autoestima, la seguridad y las habilidades blandas se deterioran hasta dejar repercusiones profundas, y muchas veces irreversibles, en materia psicológica. La Defensoría del Pueblo señaló también casos de víctimas contagiadas de VIH en el registro de denuncias de la UGEL Condorcanqui. Tanto la posibilidad de un embarazo no deseado como el contagio de enfermedades de transmisión sexual complican y condicionan negativamente el futuro de las menores de edad.
Estas circunstancias nos llevan a reflexionar sobre la importancia de que las autoridades tomen con mayor seriedad la protección de todas las personas que habitamos el territorio peruano; en especial medida la de las infancias y adolescencias indígenas, gestionando, de manera correcta, las posibles barreras como la distancia, falta de presupuesto, falta de personal y logística deficiente en las instancias estatales de gobierno que atienden a las comunidades indígenas.
Desde Amazonía Aquí, llamamos a las lideresas a seguir alzando su voz en contra de la violencia sexual que transgrede la niñez y adolescencia awajun; así como nos sumamos a ellas, mediante nuestras plataformas y llamamos a nuestros lectores a sumarse a este llamado expresando su indignación.
