Durante audiencia en Washington D. C., representantes indígenas denunciaron que las mujeres defensoras enfrentan amenazas, violencia sexual, criminalización y desprotección mientras el narcotráfico, la minería y la tala ilegal avanzan sobre sus territorios. Comisionados de la CIDH cuestionaron al Estado peruano por la falta de acciones concretas frente a estos riesgos.
“El Estado peruano no está preparado para salvar la vida de una defensora amenazada. Solo actúa para levantar los cadáveres o cuando ya estamos silenciados o desaparecidos». Con esa frase, Olivia Bisa Tirko, lideresa del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Chapra, resumió este martes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la situación que enfrentan cientos de mujeres que defienden sus territorios frente al avance de las economías ilegales en la Amazonía peruana.
La intervención formó parte de la audiencia Situación de las mujeres indígenas defensoras en contextos de economías ilegales, realizada durante el 196.º Periodo de Sesiones de la CIDH, en Washington D. C. Cinco lideresas indígenas amazónicas expusieron ante los comisionados cómo el narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal y el tráfico de tierras han incrementado las amenazas, la violencia y la criminalización contra quienes protegen sus comunidades y bosques.
La delegación estuvo integrada por Teresita Antazú López, de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP); Elaine Shajian Shawit, de la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas San Lorenzo (CORPI-SL); Matut Impi Ismiño, del Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA); Olivia Bisa Tirko, del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Chapra; y Kelly Valera Silva, de la Organización Regional de Guardia Indígena del Pueblo Shipibo (ORGI). La audiencia fue solicitada por AIDESEP, la Alianza Cuencas Sagradas Amazónicas, la Fundación Pachamama, la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), Forest Peoples Programme y el Instituto de Defensa Legal (IDL).
Durante las exposiciones, las lideresas insistieron en que las mujeres indígenas enfrentan riesgos diferenciados que no están siendo atendidos por el Estado. «Queremos que se pueda abrir un espacio de comprensión para nosotros los pueblos indígenas, y en especial para las mujeres que somos afectadas en nuestros territorios», señaló Teresita Antazú al iniciar las intervenciones.
Uno de los testimonios más sentidos fue el de Olivia Bisa, quien sostuvo que los mecanismos estatales llegan demasiado tarde para proteger a las defensoras.
«El Estado peruano no está preparado para salvar la vida de una defensora amenazada. Solo actúa para levantar los cadáveres o cuando ya estamos silenciados o desaparecidos. Señores comisionados y del Estado, cuando las mafias de las economías delictivas y extractivas asaltan nuestros territorios y desatan la violencia, seremos nosotras, las mujeres que estamos aquí sentadas, las que nos defenderemos para garantizar la vida de nuestros hijos y de nuestros seres queridos», afirmó.
Las intervenciones también pusieron énfasis en que la violencia afecta de manera distinta a las mujeres indígenas. Kelly Valera recordó que el liderazgo femenino suele convertirse en un motivo adicional de persecución.
«Venimos a recordarles que la violencia no afecta igual a hombres y a mujeres. A nosotras nos discriminan por asumir liderazgo, salir de casa y alzar la voz. Lo vivimos con nuestra hermana Débora Guimaraes, quien fue amenazada con ser violada. Aunque denunciamos el caso ante la Fiscalía, el caso fue archivado. Por eso le pedimos al Ministerio de la Mujer trabajar con nosotras», expresó.
La lideresa shipibo también reclamó una respuesta articulada del Estado frente al crecimiento de las economías ilegales. «Queremos respeto, lo merecemos. Somos la primera línea de lucha contra las economías ilegales. Y queremos trabajar con ustedes, el Estado peruano, y no solo con el Ministerio de Justicia. Por eso les pregunto: ¿Quieren ser cómplices de la muerte con su indiferencia o proteger juntos la vida?«, cuestionó dirigiéndose a representantes del Estado.
Por su parte, Matut Impi Ismiño describió los impactos que la expansión de actividades ilegales viene generando en el territorio awajún. Explicó que el otorgamiento de concesiones mineras en zonas consideradas sagradas ha facilitado el ingreso de terceros y ha desencadenado nuevas formas de violencia contra las comunidades.
«Las economías ilegales han llegado a nuestros territorios, especialmente a través de la minería ilegal, el narcotráfico y la tala ilegal. El Estado ha otorgado a terceros más de 500 concesiones mineras en los ríos y cabeceras de cuenca del territorio awajún, que son áreas sagradas para los pueblos indígenas. Los terceros se aprovechan y abusan de las mujeres para acceder a los territorios. Se ha incrementado la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes indígenas, así como la trata de personas. Nuestro pueblo peligra en su existencia por el alto nivel de contagio de VIH», sostuvo.
Tras escuchar las exposiciones de las lideresas y la respuesta del Estado peruano, algunos integrantes de la CIDH manifestaron preocupación por la información presentada. La comisionada Marion Bethel recordó que la Comisión viene monitoreando desde hace varios años la situación de las personas defensoras en el país.
«La Comisión ha hecho un seguimiento de la situación de mujeres defensoras en el Perú. Y hemos concluido que el riesgo para defensores sigue aumentando debido al narcotráfico, la tala ilegal y la trata de personas, que representan la mayoría de amenazas registradas», indicó.
Bethel también cuestionó la falta de medidas concretas y específicas adoptadas por el Estado para enfrentar estas amenazas, ya que consideraba que, si bien el Estado manifiesta su “compromiso” con la problemática, la información presentada era muy general. «Tengo muchas preguntas sobre lo que ha relatado el Estado peruano. Hablaron de manera amplia de cómo fortalecer el marco jurídico, pero ¿qué acciones específicas han tomado para eso y para combatir la tala ilegal o el narcotráfico? Escucho que hay voluntad en el papel, pero no escucho nada basado en algo concreto», afirmó.
En la misma línea, el comisionado Riyad Insanally expresó preocupación por el contraste entre las denuncias presentadas por las organizaciones indígenas y la posición oficial del Estado. «Veo que las acusaciones de abandono del Estado han llevado a que no se procese de manera adecuada los delitos de las economías ilegales. Esto es de gran preocupación”, sostuvo.
“También quiero señalar que la creación del Mecanismo Intersectorial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos parece ser insuficiente, ya que no está abordando la erradicación de las economías ilegales», añadió.
Durante la audiencia, la representación del Estado peruano defendió la actuación de las entidades públicas y sostuvo que ha cumplido con las funciones previstas en el marco del Mecanismo Intersectorial para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos. Asimismo, hizo referencia al desarrollo de normas y herramientas institucionales orientadas a fortalecer la protección de quienes defienden derechos humanos. Sin embargo, las intervenciones de las lideresas cuestionaron la efectividad de esas medidas frente a la violencia que experimentan cotidianamente en sus territorios.
La participación de la delegación indígena en la CIDH estuvo precedida por una jornada de incidencia política en Washington D. C. El 3 de agosto, las lideresas, acompañadas por los equipos técnicos de las organizaciones peticionarias, sostuvieron reuniones con Alexandra Whittaker, directora del equipo técnico de comercio y principal asesora jurídica del Comité de Comercio del Senado; con el equipo del senador Bernie Sanders; con Samir Soberon-Chehade, integrante del equipo del representante Chuy García; y con un miembro del equipo de la representante Ilhan Omar. En esos encuentros expusieron el impacto que las economías ilegales tienen sobre los pueblos indígenas y la necesidad de fortalecer la protección de las mujeres defensoras en el Perú.
Las organizaciones peticionarias esperan ahora que el seguimiento de la CIDH contribuya a visibilizar una problemática que, según sostienen, se ha profundizado en los últimos años: la expansión de actividades ilícitas en la Amazonía, la creciente exposición de las mujeres indígenas que defienden sus territorios y una respuesta estatal que consideran insuficiente para prevenir las agresiones y garantizar el acceso a la justicia.
