Defender los bosques: Una lucha de vida y muerte

Autora: Camila Chávez

Perú es el noveno país con mayor cobertura forestal en el mundo (Barreda, 2021). No es novedad que ellos juegan un rol importante para el país, no solo contribuyen a la regulación del clima, sino que proveen recursos esenciales que permiten un desarrollo al Perú.

Sin embargo, el Estado peruano no ha sido capaz de garantizar una protección efectiva. La aprobación de leyes como la  ley N° 30230 (2014), conocida como el “Paquetazo ambiental” que redujo sanciones a las empresas que dañan el medio ambiente y la ley N° 29763 – Ley Forestal y de Fauna Silvestre que beneficia la tala ilegal de árboles, son ejemplos de la ineficiencia del estado para proteger los bosques.

Ante esta desprotección estatal, las comunidades indígenas han asumido un papel clave como verdaderos defensores. Su lucha por la preservación de los territorios no solo enfrenta la inacción del Estado, sino también amenazas y violencia por parte de traficantes de tierras y madereros clandestinos. Esto ha conllevado a perder muchas vidas en esta lucha.

El caso más reciente es el de Gerardo Keimari Enrique, defensor ambiental y poblador de la comunidad Shipetiari en Madre de Dios, quien fue asesinado el 14 de octubre de 2024. A pesar de que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos implementó el Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, las garantías personales otorgadas por la Prefectura de Madre de Dios no fueron suficientes para resguardar su vida (Mongabay, 2024).

En lo que va del 2025, no se han reportado más casos de asesinatos de defensores ambientales. No obstante, esta es una amenaza latente que experimentan las comunidades indígenas. No se puede permitir que vidas como la de Gerardo sigan perdiéndose. La lucha de las comunidades indígenas no puede quedar en el abandono; es responsabilidad del Estado y de la sociedad en su conjunto respaldar su labor y reconocer su papel esencial en la conservación de los bosques.